Publicado el 07/06/2025 por Administrador
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Colombia está recorriendo uno de los caminos más complejos pero necesarios para construir una paz real y duradera: sanar sus tierras heridas. Tras décadas de conflicto armado, despojo violento y desplazamiento forzado, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para devolver a las víctimas lo que por derecho les pertenece: sus tierras, su arraigo y su dignidad.
A través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), creada como parte de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el país ha logrado identificar más de 44.200 hectáreas aptas para ser devueltas a comunidades afectadas por la guerra. Se trata no solo de una restitución jurídica, sino también simbólica, pues cada predio representa una historia de desarraigo, miedo y lucha por la justicia.
El proceso no se limita a la reparación individual. El Gobierno ha avanzado también en programas de reparación colectiva, orientados a reconstruir el tejido social de comunidades enteras que fueron blanco de masacres, amenazas, desplazamiento y ruptura de sus formas tradicionales de vida. Hasta ahora, más de 360 colectivos han sido reconocidos como sujetos de reparación, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y organizaciones sociales.
Pero el camino no ha sido sencillo. Persisten amenazas en zonas donde todavía operan grupos armados ilegales, la infraestructura estatal es insuficiente en varias regiones, y algunos intereses económicos se oponen abiertamente a estos procesos. Uno de los casos más polémicos es la propuesta del presidente Gustavo Petro de entregar la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Pablo Escobar, a campesinos víctimas del conflicto. La idea ha generado tensiones con los habitantes de Puerto Triunfo, quienes temen perder una fuente vital de turismo.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha sido enfática al defender el proceso. Ha reiterado que no se trata de expropiaciones forzadas, sino de compras y formalización de tierras con vocación productiva para apoyar la reforma agraria. En su visión, garantizar el acceso a la tierra es esencial para superar la violencia estructural que ha golpeado al campo colombiano.
En paralelo, el país impulsa los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), enfocados en zonas históricamente marginadas. Estos programas buscan llevar infraestructura, salud, educación y oportunidades económicas a los territorios donde la guerra dejó cicatrices más profundas. Son una apuesta por cerrar brechas y construir equidad desde el territorio.
También se han activado mecanismos para recuperar bienes que deberían estar en manos de las víctimas, como parte de su reparación. En un hecho sin precedentes, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha suscrito un acuerdo con el Estado para colaborar en la búsqueda de propiedades mal habidas que aún no han sido localizadas. Si se concreta, podría abrir una nueva vía para avanzar en la justicia restaurativa.
La restitución de tierras no es solo una política pública; es un acto de reconocimiento, de memoria y de reconciliación. Sanar la tierra significa también sanar a sus gentes, restaurar sus sueños y dignificar su historia. En medio de obstáculos y resistencias, Colombia sigue avanzando hacia un futuro donde la paz deje de ser un ideal y se convierta en una realidad tangible.
